212.- REFORMA JUDICIAL.

En medio de una situación sanitaria inédita para el país y el mundo; en vísperas de una catástrofe comercial, financiera y económica sin precedentes; en un período en el que la Educación está paralizada aunque se pretenda minimizar sus consecuencias y con una situación de inseguridad creciente, al Gobierno Nacional no se le ocurre mejor cosa que intentar la reforma del Poder Judicial.

Lo que habría que lograr es que la Justicia funcione de acuerdo con lo que estipula la Constitución Nacional y no reformarla con un pretendido esquema de objetivos dudosos.

La función principal de la Corte Suprema es ocuparse del cumplimiento cabal de los preceptos constitucionales, tal como se expresa taxativamente en el Artículo 116 de la Ley Fundamental. Dichas funciones no se solucionan con la ampliación arbitraria del número de integrantes ni con la creación de salas especiales para cada fuero, pues para ello están los Tribunales y Cámaras ya existentes.

Por otra parte, se pretende transparentar la decisión con la creación de una Comisión asesora de dudosa, por no decir inexistente, imparcialidad de criterios.

Finalmente, ¿se ha pensado en el presupuesto que deberá necesitarse para la implementación de tan delirante aumento del gasto público, en momentos de crisis como la que transitamos por enésima vez? En definitiva un proyecto como mínimo, inoportuno.